El Ministerio de Salud decidió la suspensión del lavadero Jomasal SA, que se encarga del lavado de ropa de cama de los hospitales cordobeses. Señalan a cuatro personas como responsables de infringir las medidas de bioseguridad correspondientes.
En las últimas horas de este domingo, el Ministerio de Salud decidió la suspensión de la subcontratación del lavadero Jomasal SA que se encuentra en manos de las adjudicatarias del servicio de lavado de ropa de cama de los hospitales cordobeses, Magic Clean SRL y Esver SRL.
La decisión fue tomada tras la investigación judicial dirigida por el fiscal de Distrito 3 Turno 6 de Córdoba, Carlos Matheu, quien sostiene que podría comprobarse una posible contaminación bacteriana en las sábanas del hospital.
Señalan a cuatro personas como responsables de que las sábanas, toallas y otros elementos del Hospital San Roque, el Pediátrico y el Neonatal fueran lavadas sin las medidas de bioseguridad correspondientes.
Los dueños del lavadero Magic Clean SRL, Jorge Salavagione y su hermano Marcelo, ambos acusados por el delito de contaminación ambiental dolosa reiterada en calidad de coautores; Carlos Pérez, directivo de la mencionada firma, y el director de compras del Ministerio de Salud Pública de la Provincia, José María Cittadini, imputados por los delitos de omisión de los deberes de funcionario público y contaminación ambiental en calidad de partícipe necesario.
El ministro de Salud de la Provincia de Córdoba, Francisco Fortuna, aseguró que “la seguridad y la higiene en los hospitales de Córdoba están garantizadas”. “Quiero llevar tranquilidad a la población, no se ha notificado un brote o un aumento de infecciones intrahospitalarias”, agregó.
Por su parte, el gobernador Juan Schiaretti manifestó: “Nosotros licitamos para que la sábana tenga el lavado que corresponde, para eliminar residuos patógenos”. Y añadió: “Si hay un funcionario en connivencia con la empresa, lo que corresponde es que caiga todo el peso de la ley sobre ambos”.
La cartera de Salud informó mediante un comunicado que notificó a las adjudicatarias que seguirán con la concesión, pero “deberán comunicar en un plazo de 48 horas cuál será el lavadero con el que prestarán el servicio, acompañando la documentación de habilitación correspondiente e indicando el domicilio, a los fines de ejercer la facultad de inspección y control”.
Cabe destacar que desde el martes 1 de Agosto, el fiscal Carlos Matheu ya no estará adelante de la fiscalía ya que comienza a gozar de su jubilación, por lo que otro fiscal, que aun se desconoce, continuará con el proceso de investigación.
