Este miércoles, mientras la Cámara Federal de Casación Penal confirmaba la condena contra Cristina Fernández de Kirchner en la Causa Vialidad, la exvicepresidenta arribó a Moreno, donde tiene previsto participar en un acto junto a la intendenta Mariel Fernández y 400 mujeres.
La coincidencia en la hora de la lectura del fallo y su llegada al evento resalta el fuerte simbolismo de su aparición pública en un momento de alta tensión judicial y política.
Minutos antes, Cristina Kirchner publicó en sus redes: “Yendo a Moreno, donde voy a compartir una actividad con la intendenta Mariel Fernández y 400 mujeres. Nos vemos”, anunciando su compromiso con la actividad, mientras el máximo tribunal penal emitía el fallo que ratifica la condena a seis años de prisión y la inhabilitación para cargos públicos. La sentencia de la Sala IV de Casación deja sin cambios la condena que en 2022 determinó que Fernández fue responsable de “administración fraudulenta agravada” en el marco de la obra pública en Santa Cruz.
Yendo a Moreno, donde voy a compartir una actividad con la intendenta Mariel Fernández y 400 mujeres. Nos vemos ❤️
La Cámara de Casación Penal leyó la sentencia esta mañana en los tribunales de Retiro, confirmando así la responsabilidad de la vicepresidenta en la gestión de fondos públicos direccionados a empresas del empresario Lázaro Báez en Santa Cruz, entre 2003 y 2015. El documento de 1.500 páginas sostiene que el 80% de la obra pública en la provincia durante esos años fue adjudicada a las firmas de Báez, una situación que la Justicia consideró constitutiva de fraude agravado.
Aunque la condena fue confirmada, aún quedan instancias judiciales pendientes. La defensa de Kirchner tiene un plazo de diez días hábiles para apelar ante la Corte Suprema de Justicia. Mientras tanto, la sentencia no quedará firme y la inhabilitación perpetua no tendrá efectos inmediatos.
Los detalles de la sentencia
La causa Vialidad se inició con la investigación de más de 50 procesos de licitación pública para obras viales en Santa Cruz, llevadas a cabo entre 2003 y 2015, período durante el cual se detectaron irregularidades que causaron un perjuicio millonario a la administración pública. Las obras fueron adjudicadas en su mayoría al empresario Lázaro Báez, cuya relación con altos funcionarios y con la propia Cristina Kirchner fue objeto de análisis y cuestionamientos en el juicio. Según el fallo, las licitaciones y adjudicaciones se llevaron a cabo mediante maniobras fraudulentas para beneficiar al empresario, quien controlaba una red de empresas que, según la Justicia, se desarrollaron gracias a su vínculo directo con el Estado.
Dentro del fallo se hizo mención especial al Decreto PEN 54/09, firmado por Cristina Kirchner en 2009, el cual permitió que la Dirección Nacional de Vialidad financiara obras adjudicadas a Báez, a pesar de las presuntas irregularidades. Este decreto, promovido por José López desde la Secretaría de Obras Públicas, consolidó la participación de la exmandataria en el esquema que, según la Justicia, causó pérdidas superiores a los 84 mil millones de pesos a las arcas del Estado.
El rol de los funcionarios involucrados, como Nelson Periotti, exdirector de la Dirección Nacional de Vialidad, y otros altos cargos, fue clave para la validación de estas adjudicaciones irregulares, lo que permitió la implementación de proyectos viales a pesar de la falta de controles adecuados. Además de Periotti, otros funcionarios de la agencia vial provincial de Santa Cruz también participaron en el esquema, que operaba convalidando irregularidades en las licitaciones y ejecución de las obras.