El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, confirmó que la Ciudad y la Nación impulsarán acciones legales contra quienes participaron de los incidentes en la Plaza del Congreso. “No vamos a permitir que los violentos tomen las calles y destruyan la ciudad. Más de la mitad de los detenidos tiene antecedentes penales, algunos muy graves”, sostuvo Macri en una conferencia de prensa brindada en la sede del gobierno porteño.
El mandatario calificó los hechos como “violencia callejera organizada” y aseguró que hubo grupos que llegaron con la clara intención de provocar destrozos y enfrentarse con las fuerzas de seguridad.
“Se trata de delincuentes profesionales que atacaron con piedras, palos, elementos incendiarios e incluso armas de fuego”, denunció Macri, y remarcó que los incidentes no fueron espontáneos, sino planificados.
Millonarios daños en el espacio público y comercios afectados
El saldo de los destrozos dejó cifras preocupantes. Según las estimaciones oficiales, el costo de las reparaciones en la zona del Congreso y sus alrededores superará los $260 millones. Entre los daños reportados se encuentran la destrucción de mobiliario urbano, quema de contenedores, vidrieras de comercios destrozadas y autos incendiados.
“Es inaceptable que, bajo la excusa de una protesta, se atente contra la propiedad privada y el espacio público. La Ciudad se hará cargo de la reconstrucción, pero los responsables deberán pagar por los destrozos”, afirmó Macri, dejando en claro que buscarán que los acusados respondan económicamente por los daños generados.
De los 94 detenidos en los disturbios, más de la mitad cuentan con antecedentes penales por distintos delitos, entre ellos, violaciones reiteradas a la Ley de Drogas, atentado y resistencia a la autoridad, daños, robos y lesiones. La Justicia avanzará con las investigaciones para determinar la responsabilidad de cada uno de los implicados y si hubo una organización detrás de los incidentes.
En paralelo, el Ministerio de Seguridad de la Nación analiza material audiovisual y testimonios para identificar a más responsables. No se descartan nuevas detenciones en los próximos días.
Desde el Ejecutivo nacional respaldaron la decisión del gobierno porteño y coincidieron en que no se permitirá que grupos violentos actúen con impunidad. “Las manifestaciones pacíficas son un derecho, pero la violencia es un delito y tendrá consecuencias”, subrayaron fuentes oficiales.
La Ciudad también evalúa reforzar la seguridad en futuras movilizaciones para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse. “No vamos a retroceder ante quienes buscan imponer el caos”, concluyó Macri.
