Éste postula devolver a la enseñanza su carácter público y gratuito, y satisfacer de ese modo un antiguo y extendido reclamo social que marcó el mandato de Sebastián Piñera. “Iniciamos un proceso que permite asegurar calidad, gratuidad y acceso a la educación”, expresó la presidenta.
La suscripción de la iniciativa, que será enviada al Congreso para que la debata con carácter urgente, se produjo cuatro días después de que la reforma tributaria destinada a financiarla sorteara favorablemente su primer trámite legislativo.
Ambas reformas constituyen la médula de las promesas electorales con las que Bachelet volvió este año a la jefatura del Estado chileno cinco años después de haber terminado su primer mandato, y serán seguramente el eje de su mensaje anual al parlamento, este miércoles.
“Estamos dando el primer paso de la reforma educacional más significativa que Chile ha tenido en los últimos 50 años, estamos cumpliendo con lo que nos comprometimos ante Chile, iniciar un proceso que permita asegurar calidad, gratuidad y acceso a la educación”, manifestó la jefa de estado.
“Estamos instaurando garantías, estamos haciendo aquello que tanto repitieron nuestros estudiantes, la educación es un derecho, y no un privilegio (…) El lucro, la selección y el copago son incentivos equivocados que combinadamente fomentan la segregación y las inequidades, los proyectos que estamos presentando hoy día no son fruto del azar, son fruto del diálogo con la sociedad civil, de expertos y parlamentarios”, añadió la presidenta de Chile.
Además de la reforma tributaria, que fue aprobada y despachada esta semana por la Cámara de Diputados, están avanzadas la reforma del sistema electoral -que será revisada entre mañana y el martes en la Comisión de Hacienda de la cámara baja- y una reestructuración del sistema de salud, destinada a mejorar el régimen de jubilaciones.
En cuanto al proyecto de reforma educativa, que tiene más de 50 páginas, cabe aclarar que persigue el objetivo de cambiar el paradigma de la educación chilena, reforzar el sistema público de enseñanza y dar poder a las familias para que sean ellas las que escojan los colegios y no al revés, según señaló el ministro de Educación chileno, Nicolás Eyzaguirre.
La iniciativa postula además dejar atrás el financiamiento compartido mediante el congelamiento de los montos que cobran los colegios (“copago”) a padres y reemplazarlo gradualmente por un subsidio estatal. Según el proyecto, aquellos establecimientos educativos que reciban subsidios estatales no podrán tener fin de lucro, para lo cual deberá modificarse la Ley General de Educación vigente, que permite la obtención de utilidades por la actividad escolar.
Por otro lado, el proyecto prevé la creación de un organismo estatal para la compra de colegios de aquellos propietarios que deseen dejar la actividad con el nuevo régimen, a fin de evitar cierres masivos y caída de la matrícula.
Además, la reforma busca dejar atrás la facultad de los colegios de seleccionar a los alumnos que admiten mediante evluaciones, para lo cual postula un sistema en el que los padres puedan establecer un orden de preferencia para postular a sus hijos.