La denuncia penal que el gobierno argentino realizó ayer contra cinco empresas por realizar actividades ilegales de exploración de hidrocarburos en la plataforma continental argentina, cerca de las Islas Malvinas, será tramitada ante la justicia de esa provincia y, si prospera, podría derivar en pedidos de indagatoria y capturas internacionales.
Si prospera, podría derivar en pedidos de indagatoria y capturas internacionales.
Así lo señaló hoy el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, quien ayer recibió -en la sede de la Procuración- la denuncia de manos del secretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Daniel Filmus y de la secretaria de Energía, Mariana Matranga.
Gonella ya se puso en contacto con el fiscal general de Ushuaia, Adrián García Lois, a quien le remitirá en el transcurso del día de hoy el expediente para que curse la denuncia ante el juzgado federal de Río Grande, por la jurisdicción que tiene la provincia de Tierra del Fuego sobre el territorio de las Islas Malvinas.
A partir de ahí, se abre el proceso judicial que podría tomar dos caminos: el juez federal puede iniciar la investigación o delegarla a la fiscalía interviniente para que inicie la investigación que podría derivar en solicitud de declaraciones indagatorias y hasta pedidos de captura internacional.
“Como las empresas que se denuncian son extranjeras, se abre un gran abanico, ya que habría que requerir cooperación internacional, intercambio de información con otros países y otro tipo de medidas”, explicó Gonella.
La denuncia del gobierno argentino -realizada por la Cancillería y el ministerio de Planificación Federal- fue presentada concretamente contra los directores, gerentes, síndicos o representantes de las empresas Rockhopper Exploration plc, Premier Oil plc, Falkland Oil And Gas Limited, Noble Energy Inc. y Edison International SpA.
Este grupo de empresas integran un consorcio que contrató una plataforma semi-sumergible que el pasado 6 de marzo inició una campaña exploratoria en la cuenca Malvinas Norte -a unos 200 kilómetros de las islas-, donde prevén perforar al menos seis pozos.
Gonella explicó hoy que, además del posible delito de extracción irregular de hidrocarburos, la presentación que hizo el gobierno nacional incluye eventuales denuncias de contrabando, ya que “para realizar la actividad de exploración y extracción se necesitan ingresar elementos propios para esa tarea, como tecnología, que deben estar sujetos a control aduanero argentino, y que no se realizó”.
“El delito afecta intereses nacionales y tiene penas muy duras”, advirtió el titular de la Procelac, quien precisó que hay mucha prueba recolectada en la presentación que hizo el gobierno y ahora habrá que ver si, para el juez, son suficientes.
Es que con la denuncia, se aplica por primera vez el texto reformado en 2013 de la ley de hidrocarburos, que prevé prisión y multas para los directivos de las compañías implicadas en la exploración y explotación de hidrocarburos.
La reforma de la ley 26.659 castiga a las empresas que realicen esas tareas sin el permiso del gobierno argentino en la zona ubicada alrededor de las islas y anticipa penas de hasta 15 años de prisión, multas equivalentes al valor de 1,5 millones de barriles de petróleo, así como la prohibición de que personas y empresas puedan operar en Argentina.
“Cualquier persona que quiera realizar actividades de ese tipo necesita el consentimiento expreso del Estado argentino, que tiene la fuerza, no sólo la protección de las leyes nacionales. sino también la de los tratados internacionales”, indicó.
Fuente: Telam
