El Parlamento de Venezuela, dominado por el oficialismo, aprobó una controvertida ley que impone penas de entre 25 y 30 años de prisión para quienes respalden sanciones internacionales contra el país. La medida también establece inhabilitaciones políticas por 60 años para los dirigentes que apoyen este tipo de acciones, así como multas de hasta un millón de dólares.
La normativa apunta a quienes “promuevan, instiguen, favorezcan, faciliten o respalden” medidas coercitivas internacionales contra Venezuela. Según el Gobierno, el país recibió más de 900 sanciones en la última década, principalmente por parte de Estados Unidos, que acusa al presidente Nicolás Maduro de fraude electoral y violaciones de derechos humanos. Para el chavismo, estas sanciones constituyen crímenes de lesa humanidad.
La ley fue aprobada en respuesta a una iniciativa del Congreso de Estados Unidos para reforzar las sanciones contra el gobierno de Maduro. Apenas un día antes, Washington había sancionado a 21 altos funcionarios venezolanos, incluidos ministros y miembros del aparato de seguridad, acusándolos de encabezar la represión y manipular los resultados de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.
Además de castigar el respaldo a sanciones, la norma penaliza con idénticas penas a quienes faciliten acciones armadas contra el país. También establece un registro nacional de personas “presuntamente” implicadas en estas acciones, que podría llevar al congelamiento de activos, prohibiciones comerciales o incluso la expulsión de extranjeros del territorio venezolano.
La legislación venezolana surge mientras el Congreso estadounidense discute el proyecto de ley BOLIVAR, que busca vetar contratos con quienes mantengan negocios con el régimen de Maduro. Estados Unidos considera ilegítimo al gobierno venezolano y mantiene una política de sanciones financieras para presionar por un cambio político en el país sudamericano.
