La cifra fue arrojada por el Instituto de Estadísticas y Censos este jueves por la tarde, cuando se cumplen casi dos meses de decretado el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”.
La inflación de abril, la primera en medirse tras dispararse los casos de coronavirus en el mundo, es del 1,5% según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), y acumula un 45,6% interanual.
Se trata no sólo de la variación más baja en el año, luego de la ralentización en enero (2,3%), febrero (2%) y marzo (3,3%), sino la menor en dos años.
Sin embargo, la inflación de este mes se da en un contexto extraño, con una economía en recesión, sin la apertura de comercios, con precios clave congelados, y con la imposibilidad de relevar información por el COVID-19.
Los motivos
El Gobierno mantiene congelados dos precios determinantes: el del dólar comercial, que se mueve muy lentamente, presionado por los alternativos, y el de los servicios públicos, como gas, agua, transporte y electricidad. Por otra parte, la recesión -que profundizó la cuarentena obligatoria como causa de la pandemia- clausuró la posibilidad de aumentos de sueldos, comenta Francisco Jueguen de La Nación.
Además, la desaceleración se da en el contexto de una fuerte emisión monetaria impulsada por el Ejecutivo con la necesidad de inyectar liquidez en medio de la crisis económica. Pese a eso, el Banco Central (BCRA) decidió una esterilización de ese circulante que logró, hasta ahora, que ese incremento no fuera a los precios. Sin embargo, le puso presión al dólar alternativo, que ya muestra una brecha cercana al 80% y amenaza con impactar en los precios a mediano plazo.
Por otro lado, el Gobierno congeló además los precios de 2300 productos de la canasta básica (cerca de 23.000 variedades) durante los últimos meses. La referencia son los valores que tenían esos productos el 6 de marzo pasado. A fin de mes, vencerá el programa llamado Precios Máximos. Tal decisión no sólo frenó, en parte, los aumentos sino que provoca una distorsión en el relevamiento, ya que sin encuestadores en las calles, al Indec se le dificultó medir pequeños almacenes y establecimientos, aquellos en los que no se focalizó el programa oficial y que obligaron a Alberto Fernández a fortalecer los controles a través de la Ley de Abastecimiento ejecutada por la Secretaría de Comercio Interior, que conduce Paula Español.
