Se trata del denominado “paro activo” que hizo el Gobierno para pedir a los trabajadores que militen la campaña de Sergio Massa y del cual también participó el presidente, Alberto Fernández.
En las últimas horas se realizó la ampliación de la denuncia judicial contra el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, por el denominado “paro activo” al que convocó para militar la candidatura presidencial de Sergio Massa, dilapidando recursos del Estado.
La presentación, realizada por el abogado Jorge Monastersky, ante el juzgado Criminal y Correccional Federal N° 12, a cargo del juez Ariel Lijo, señala “la posible comisión del delito de malversación de fondos públicos, teniendo en cuenta el tiempo de duración del “paro” con fondos públicos dilapidados”.
Del mismo modo, requiere que se investigue “si se cometió algún otro delito”, y “evalúe cuantas obras se pararon por la propuesta del Sr. Ministro y se estime el costo de dinero que perdió el Estado” con las acciones del funcionario nacional.
La denuncia pone en conocimiento que Katopodis, se apropió del horario laboral de los funcionarios de su área y de las empresas constructoras que llevan adelante las obras para el Estado, al interrumpir las labores para dar una charla de militancia política.
“Es de público conocimiento que nos encontramos en la antesala a las elecciones presidenciales por lo que en estos días se visualizó diversas estrategias de campaña. Ahora bien, el Sr. Gabriel Katopodis actualmente reviste el cargo de Ministro de Obras Públicas de la Nación, en ejercicio de dicha función jerárquica procede a detener la actividad deliberadamente a fin de especular sobre posibles cambios de gestión y dirigencia”, indica la presentación judicial.
A lo que agrega: “No se puede permitir intromisiones partidarias en el ejercicio de funciones públicas, sin importar la duración de ellas. El Ministro, en conocimiento de la realidad actual de nuestro país, con estadísticas devastadoras, realiza lo por él denominado un “paro activo” a fin de militar la campaña presidencial de Sergio Massa. Nada contraría a un funcionario nacional a que libremente apoye a quien considere, ahora bien, ello debe ser realizado de forma paralela al ejercicio de su función”.
En ese sentido, Monastersky, alerta sobre “la posible comisión del delito de malversación de fondos públicos, regulado por el art. 260 del Código Penal”, por parte del ex intendente de la localidad bonaerense de San Martín, ya que las obras son financiado por el Estado y este tipo de acciones son a costa del dinero de todos los argentinos.