Tras la confirmación de la Cámara de Casación de la condena contra Cristina Kirchner por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, el fiscal Mario Villar presentará un recurso ante la Corte Suprema para que se considere la figura de jefa de asociación ilícita en el caso de Vialidad. Este delito, de ser admitido, agravaría la pena de la expresidenta, llevándola a 12 años de prisión.
El fallo de la Sala IV de la Cámara de Casación, que ratificó la condena por corrupción contra la exmandataria, descartó la inclusión de asociación ilícita por decisión de la mayoría de los jueces.
Sin embargo, Villar, en línea con el fiscal de juicio Diego Luciani, sostiene que las pruebas demuestran la existencia de una organización delictiva encabezada por Cristina Kirchner, que operó durante 12 años desviando fondos públicos a través de licitaciones fraudulentas.
Un “manual de corrupción”
Según el fallo de la Cámara de Casación, entre 2003 y 2015 se desarrolló un esquema sistemático en Santa Cruz para la adjudicación de obras viales a empresas vinculadas a Lázaro Báez. Estas compañías, consideradas “un holding creado para este propósito”, crecieron exponencialmente gracias al direccionamiento de contratos estatales.
El Ministerio Público Fiscal considera que este esquema no fue una simple negligencia administrativa, sino una asociación ilícita diseñada para saquear los recursos del Estado. Los fiscales argumentan que cada una de las 51 licitaciones viales investigadas constituyó un delito individual, lo que refuerza la idea de múltiples planes delictivos, un requisito esencial para configurar la figura de asociación ilícita.
El debate sobre la figura penal
El principal punto de discordia radica en si las 51 licitaciones representan un único delito de administración fraudulenta o múltiples ilícitos cometidos por una asociación organizada. Los jueces Borinsky y Barroetaveña, de la Sala IV, sostuvieron que se trató de un solo hecho continuado. Sin embargo, el juez Gustavo Hornos discrepó, señalando que la estructura funcionó ininterrumpidamente durante más de una década, con una planificación clara y jerárquica para cometer delitos.
Hornos argumentó que la asociación ilícita utilizó el aparato estatal como fachada, garantizando la apariencia de legalidad mientras desviaba fondos públicos. Además, destacó que la continuidad del esquema dependía de mantener en sus cargos a funcionarios clave, asegurando así la perpetuación del modelo de corrupción.
Además del reclamo contra Cristina Kirchner, Villar también apelará la absolución de Julio De Vido, ex ministro de Planificación, quien fue señalado como una pieza fundamental en el esquema de corrupción.
La estrategia de la fiscalía apunta a endurecer las condenas y establecer un precedente legal que reconozca la gravedad y la sofisticación de este tipo de delitos en la administración pública.
