El intendente Ramón Mestre, pedirá este viernes la nulidad de la imputación que pesa sobre él por supuestas irregularidades en el manejo de fondos nacionales para el transporte público de pasajeros.
El abogado defensor de Mestre, Luis Sayavedra, le pedirá al juez federal Ricardo Bustos Fierro que se declare nula la imputación que pesa sobre el jefe municipal. “No hay ningún tipo de perjuicio patrimonial por subsidios en el que haya participado el intendente Mestre”, expuso Sayavedra.
En este sentido, Mestre ha expresado: “Estamos tranquilos, porque hemos obrado en un marco de total transparencia”.
Desde el 2 de septiembre pasado, el intendente de la provincia, así como el secretario de Transporte, César Ferreyra; el anterior secretario de la misma área, Juan Pablo Díaz Cardeilhac, y el titular de la empresa Ersa, Juan Carlos Romero, están imputados por la supuesta comisión de defraudación calificada a la administración pública.
Por su parte, el fiscal federal Gustavo Vidal Lascano sostiene que “la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) asignaba subsidios a Ersa Autobuses, para ochos unidades, que se correspondían con unidades de la firma Transporte Automotor Municipal Sociedad del Estado (Tamse residual)”.
“Presumimos que los ómnibus articulados de la empresa Tamse estaban señalados como ómnibus de la empresa Ersa, a partir de la cual esta se hizo acreedora, por estos vehículos, del cupo diferenciado para el subsidio al gasoil”, precisó el fiscal.
Vidal Lascano indicó también que “no importa si los dineros han sido devueltos o no”, porque lo que se investiga “es una irregularidad administrativa que podría configurar un hecho delictivo”.
“En el caso de que hubiera habido un reintegro (por parte de Ersa), lo mismo se configuró un delito”, dijo el fiscal y agregó que se “investigan los subsidios, por cupo diferenciado, de ocho unidades de trolebuses (de Tamse)” que, supuestamente, fueron percibidos por Ersa.
El motivo que dió origen a la causa es la presentación que, en marzo pasado, realizó el concejal Daniel Juez (Frente Cívico y Social), quien denunció que dos empresas privadas habrían “percibido el cobro de sumas en subsidios para coches del transporte urbano de la ciudad, que correspondían a vehículos de la firma Tamse residual”.
En la actualidad, el servicio de transporte urbano es prestado por tres empresas: Coniferal, la UTE integrada por dos firmas (Ersa y Autobuses Santa Fe) y la Tamse residual, que sólo tiene a su cargo las tres líneas de trolebuses.
