Lo dispuso el Gobierno para sistematizar la información que el país brinda a Interpol y prevenir el fraude documentario.
La medida fue dispuesta a través de la resolución 1/2014 y la disposición 2/2014 de la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas y la Dirección Nacional de Migraciones, organismos descentralizados que funcionan bajo la órbita del Ministerio del Interior y Transporte.
La creación del registro digital se fundamenta en “que la lucha contra la delincuencia organizada e internacional, contra el terrorismo, el narcotráfico y la trata de personas, entre otros flagelos que afectan a todas las naciones, constituye un objetivo fundamental de la política nacional”.
En ese sentido, se subraya “que el intercambio de información a nivel internacional se traduce en una de las herramientas fundamentales para combatir la problemática mencionada”.
Según se explica luego, el nuevo registro digital “se conformará con la información que deberán proporcionar los diferentes organismos de la administración pública nacional, provincial y municipal, así como también el Poder Judicial de la Nación y los de las provincias, cuando tomen conocimiento de denuncias de extravío, y/o robo, y/o adulteración de documentos destinados a acreditar la identidad de las personas, ya sea que se trate de documentos nacional o extranjeros”.