En el último Staff Report, el FMI indicó la necesidad de avanzar con el programa de reformas, pero sin descuidar el consenso político y social.
A la par de la aprobación oficial del desembolso por USD 7.600 millones otorgado este jueves por el directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional, desde Washington también se compartió una serie de puntos respecto al avance del programa económico y algunas prácticas a considerar de cara hacia adelante.
Si bien las recomendaciones establecidas en los staff report del Fondo, que acompañan las evaluaciones del directorio ejecutivo, no son obligatorias para los países que accedan a crédito del organismo multilateral de crédito, los precedentes indican que en caso de tener que recalcular acciones, se tiende a favorecer las sugerencias de la entidad presidida por Christine Lagarde. Un ejemplo de eso fue la aplicación de retenciones a las exportaciones que se mencionó en el staff report de octubre, las cuales se terminaron implementando antes de negocias el segundo acuerdo.
Prioridades
En términos generales, desde el FMI indican que las prioridades futuras deberían incluir “un sistema impositivo menos distorsivo, un sistema más balanceado de regulaciones del mercado laboral, mayor competencia en los mercados de productos domésticos, menor barreras al comercio e inversión extranjera”. Sin embargo, se destaca en el documento, las mismas deben barajarse de tal forma que el Gobierno no se exponga a una perdida de consenso político y social.
Entre las recomendaciones puntuales, los técnicos del equipo de Lagarde resaltaron la importancia de “resistir presiones para mantener los subsidios energéticos y aumentar salarios”.
De acuerdo con el documento compartido el jueves, “las autoridades necesitarán aplicar el marco regulatorio para pasar los efectos de la depreciación del peso a los consumidores de electricidad y gas”. En el caso contrario, recuerdan que evitar hacerlo este año resultó en un costo adicional al Gobierno equivalente a un 0,1% del PBI.
En el lado de los ingresos, desde el Fondo consideraron importante establecer un límite del 25% a las subas salariales a lo largo del período junio 2019-junio 2020. Esto se debe, explican, a que el Presupuesto 2019 toma un aumento salarial del 34% como supuesto base, y los incrementos pactados por 14% a ser aplicados entre diciembre y febrero dejaron ese nivel de margen.
Además, desde Washington se destaca la importancia de contar un plan por fuera del corto plazo en materia de políticas públicas. “En el futuro, incluir una descripción de las medidas a ser implementadas en el mediano plazo y presentarlas al Congreso en conjunto con el presupuesto anual reforzaría la credibilidad del proceso presupuestario de mediano plazo”, indican en el staff report.
Las recomendaciones incluidas en este informe no son necesariamente un adelanto de las medidas que el Gobierno tomará a futuro, pero son posible guía que establece el FMI. Algunas de ellas al menos es lo que habría que considerar, dado el precedente de la retenciones, como el primer plan en caso que las condiciones económicas vuelvan a desmejorar.