La semana cerró con un sobre costo de la deuda pública de más de 8% anual en dólares que un bono del Tesoro de los EEUU.
Los técnicos del Fondo Monetario Internacional tienen tres ingredientes básicos en sus recetas de ajuste: reforma previsional; desregulación del mercado de trabajo y rebaja de subsidios a los servicios públicas.
Por si hacía falta, el dogma quedó una vez más demostrado en el informe con el que aprobaron la segunda revisión del acuerdo stand by en vigencia y habilitaron un nuevo desembolso por USD 7.600 millones, que se sumaron a los más de USD 20.000 millones de los 2 primeros giros, desde que se firmó el primer acuerdo.
Hubo visto bueno a la marcha del nuevo esquema monetario y disparó el tercer desembolso, pero el informe es claro en reclamar las tres tradicionales exigencias de sus programas de ajuste: cambios en el sistema jubilatorio y aumento de tarifas para achicar el déficit fiscal, y flexibilización laboral para favorecer la competitividad del sector privado.
Pero más allá de lo escrito, los técnicos del Fondo y cualquiera que analice con un mínimo de sentido común la realidad argentina sabe que el Gobierno no está en condiciones políticas de encarar ninguna de esas exigencias en lo que queda de su mandato.
En todo caso, la pregunta que queda abierta es si ¿el próximo Presidente querrá y podrá intentar cumplir con los condicionamientos de un acuerdo que se prolongará más allá del próximo 10 de diciembre?. Pregunta que hoy es imposible de responder por la simple razón de que el resultado de la elección es una incógnita tan grande como la situación económica en la que asumirá el próximo presidente.
En todo caso, lo anterior está supeditado a una serie de cuestiones que suscitan preguntas mucho más urgentes que serán determinantes del resultado electoral.
Dejando de lado especulaciones nada irrelevantes sobre candidaturas, una
primera pregunta es si la economía saldrá de la severa recesión en la que está, y en caso de que eso ocurra, en qué momento, de qué manera, y con qué magnitud.
Derrumbe de los precios de los bonos y picos de rendimiento
Ninguna de esas dudas es independiente de lo que está sucediendo con el derrumbe de los títulos públicos y el consecuente aumento del riesgo país, que cerró la semana en 822 puntos básicos, lo que significa que el costo del financiamiento para el sector público local más que triplica el rendimiento del bono del Tesoro de los Estados Unidos (debería pagar casi 11% anual contra una tasa del bono a 10 años que no llega al 3%), e implica en la práctica la imposibilidad de recurrir a tasas razonables a otro endeudamiento que no sea el del FMI.
Fue el propio FMI quien mostró con más claridad que este problema no es consecuencia de ninguna tormenta externa sino una preocupante singularidad argentina. Publicó esta semana en su blog oficial el ranking de los mayores incrementos que se registraron en lo que va del año en el riesgo país: excluyendo a Venezuela que quedó fuera del radar, la Argentina encabeza la lista con un incremento de casi 400 puntos básicos, seguido de lejos por Turquía con 150, y por Paquistán, México y Sudáfrica con un alza de alrededor de 100. En Brasil, Chile, Colombia y Perú, el riesgo país subió en 2018 menos de 50 puntos.
Además de clausurarle el acceso al crédito internacional al Estado y a las grandes empresas (el ejemplo más reciente es la suspensión de proyectos del esquema de Programa de Propiedad Participada), la zozobra que genera ese maldito indicador agudiza la incertidumbre general, lo que impide que el Banco Central acelere la reducción de las tasas de interés del mercado local por miedo a estimular una mayor demanda de dólares y un rebote inflacionario.
Y con las tasas de interés vigentes (los adelantos de cuenta corriente promediaron 65% anual, los préstamos personales 63%, y para descuento de cheques o saldos impagos préstamos y de tarjetas de crédito se llega a número de tres dígitos), la producción y el consumo se resiente aún más.
Por supuesto que las super tasas provocaron que se dispararan los depósitos. Con tasas promedio del 47% anual para montos chicos y medianos y del 50% o más para dinero grande, las colocaciones a plazo fijo por parte de privados ya rozan el billón de pesos, un 70,5% más que hace un año.
Surge inevitable otra pregunta: ¿cuánto de esos fondos buscarán cobertura en dólares a medida que se aproximen las elecciones? La demanda potencial de ese billón de pesos son 25.000 millones de dólares.
En este terreno los datos de la balanza comercial de noviembre arrojaron un dato positivo. Por primera vez, las exportaciones reaccionaron sensiblemente a la devaluación, con un aumento interanual del 14,5%, que incluyó un incremento del 13,4% en las cantidades exportadas de manufacturas de origen industrial, y del 54% en el volumen exportado de combustible y energía.
Pero ese dato positivo no vino solo. Las importaciones se derrumbaron un 29,2% en valor por la caída en 34,4% en cantidades, y baja de más del 40% en bienes de capital. Lo que se dice un brutal ajuste del sector externo, que junto con el menor gasto en turismo en el exterior están aliviando el mercado cambiario.
La gran duda y temor que queda, entre otros, es qué pasará en 2019 con la demanda de dólares por parte de empresas e individuos con excedentes.
