El jefe de gabinete del Gobierno nacional, Guillermo Francos, reitero este sábado que Manuel García-Mansilla seguirá en la Corte Suprema de Justicia hasta el 30 de noviembre, incluso si el Senado rechaza su pliego. El funcionario aseveró que su nombramiento se hizo en el marco de la Constitución Nacional, y que su permanencia, por lo tanto, está garantizada hasta la mencionada fecha.
De esta manera, Francos negó que el rechazo de la Cámara Alta al nombramiento implique que García-Mansilla deba dejar el cargo de inmediato: “Su designación fue realizada constitucionalmente y, si el Senado lo rechaza, sigue en funciones hasta el 30 de noviembre”. afirmó.
El decreto que posibilitó que Manuel García-Mansilla ingresara a la Corte, con el aval del Máximo Tribunal, generó cuestionamientos desde el kirchnerismo, la Unión Cívica Radical (UCR) de Martín Lousteau y legisladores del PRO, quienes intentan reunir los votos necesarios para llamar a una sesión especial y rechazar el pliego. Hasta ayer, viernes, solo faltaba una firma para alcanzar los nueve votos requeridos y llevar el debate al recinto.
Guillermo Francos rechazó los argumentos que califican el nombramiento de García-Mansilla como ilegítimo y desestimo que haya un juicio político en contra del nuevo ministro de la Corte.
Lijo: no hay Plan B
El jefe de los ministros también se refirió a la situación de Ariel Lijo, cuyo nombramiento por decreto, en su caso, fue rechazado por la Corte Suprema debido a lo que considera como una incongruencia que pueda ser ministro del Máximo Tribunal contando con licencia de su actual cargo de juez federal.
“No tenemos un plan B para Lijo. Si la Corte no le toma juramento es una decisión de la Corte, el Gobierno no puede hacer nada”, aseguró Francos, quien también destacó la independencia de Mansilla al votar contra la designación de Lijo como juez de la Corte. Al igual que sucede con García-Mansilla, Lijo también enfrenta un posible rechazo del Senado a su pliego.
Acuerdo con el FMI
El jefe de Gabinete también defendió el decreto de Javier Milei que busca saltarse la obligación legal de pasar los acuerdos con el FMI por el Congreso Nacional: “Hay que analizar las normas constitucionales del país y fijarse si tiene más fuerza una ley o una Constitución”, expresó.
“El Gobierno utiliza una norma que surge de la constitución y que es absolutamente legal. Acá lo que interesa es la relación entre el FMI y Argentina, no busquemos pelos en la leche” agregó Francos, frente a las críticas de la oposición.
