Legisladores de la oposición acusan al kirchnerismo de eliminar un artículo de la Ley 1.420, el cual impedía la enseñanza religiosa en escuelas públicas.
Corría el año 1884, cuando la Ley de Educación Común fue sancionada por el gobierno de Julio Argentino Roca. El estatuto tenía como principal finalidad la enseñanza gratuita, obligatoria y laica, a fines de constituir a la educación como un órgano social inclusivo. Sin embargo, a 131 años de su sanción, el estatuto completo fue materia de descarte para el oficialismo.
El debate se instaló en la Comisión Bicameral de Digesto Jurídico Argentino, institución encargada de ordenar las leyes vigentes y descartar aquellas que han sido “superadas” por leyes más recientes.
En este contexto, la mayoría oficialista expuso que la norma ya no se encontraba vigente por lo que debía ser desechada y pasar a formar parte de los antecedentes históricos que posee la Nación.
No obstante, el diputado opositor, Manuel Garrido, rechazó la eliminación de la ley, pues coincide en que la norma “fue superada por legislación más moderna en todos los aspectos” exceptuando uno, el artículo ocho, “que es el que garantiza la laicidad de la educación pública”.
El artículo ocho de la Ley 1.420 establece que las clases de religión son totalmente optativas y podían tener lugar únicamente en horarios extra –curriculares, con la autorización correspondiente de sus padres.
La opinión del diputado se sostiene en base a un proyecto de Investigación UBACyT “Principio de autonomía, libertad de conciencia y libertad religiosa”. El trabajo académico es encabezado por los jurisconsultos Marcelo Alegre y Roberto Gargarella, quienes sostienen que no existe ninguna cláusula en las leyes de materia educativa posteriores a la 1.420 que haya derogado explícita o implícitamente el artículo en cuestión.
Actualmente, y pese al reclamo de la oposición, la Ley 1.420 fue eliminada en su totalidad, dejando sin respaldo legal a aquellos que bregan por la laicidad educativa.
